Boletín de la Escuela de Posgrado

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Donald Trump afirmó que evalúa restringir las exportaciones estadounidenses de diésel para contener el aumento de los precios internos. El Gobierno todavía analiza si sería viable aplicar una prohibición total, parcial o temporal, por lo que la medida no ha sido aprobada. La propuesta ganó respaldo entre legisladores republicanos de estados agrícolas, ante el encarecimiento del combustible utilizado por camiones y maquinaria. El precio promedio del diésel alcanzó un récord de US$6,53 por galón, casi un dólar más que un mes antes (The Wall Street Journal, 2026).

La intervención podría ofrecer alivio temporal, pero también generar efectos contraproducentes. Desde el inicio de la guerra con Irán, los inventarios comerciales de diésel disminuyeron 11 %, mientras las exportaciones semanales aumentaron 31 %. Una de las alternativas sería limitar alrededor de 300.000 barriles diarios que actualmente superan el promedio histórico. Sin embargo, la pérdida de compradores internacionales podría llevar a las refinerías a procesar menos petróleo y reducir también la producción de gasolina y combustible para aviones. Algunas regiones estadounidenses, como el noreste, dependen además de importaciones y quedarían expuestas a un aumento de los precios internacionales (The Wall Street Journal, 2026).

El costo de los combustibles ya está influyendo en las elecciones legislativas de noviembre. Según el modelo de The Economist, los demócratas tienen 93 % de probabilidad de obtener el control de la Cámara de Representantes y 59 % de alcanzar la mayoría en el Senado. Su ventaja en las encuestas generales aumentó de 6,1 a 7,4 puntos porcentuales entre el 9 y el 17 de septiembre, y ha seguido de cerca el precio de la gasolina, con un desfase aproximado de dos semanas. Aunque estas cifras representan probabilidades y no resultados definitivos, muestran cómo el encarecimiento de la energía puede alterar las preferencias electorales y condicionar las decisiones económicas de la Casa Blanca (The Economist, 2026).

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial comienza a modificar el mercado laboral sin provocar todavía el desempleo masivo anticipado por algunos expertos. La tasa de desempleo se situó en 4,1 % en agosto y un análisis de 321 ocupaciones encontró que el empleo en los puestos más expuestos a la IA se mantuvo estable. No obstante, estos trabajadores registraron un crecimiento salarial real 6,7 % menor desde 2023. El efecto fue más intenso entre los empleados de menores ingresos y los trabajadores administrativos y de apoyo. En las ocupaciones más vulnerables a la sustitución tecnológica, las nuevas contrataciones de jóvenes de 22 a 25 años disminuyeron alrededor de un tercio desde 2021 (The New York Times, 2026).

Estas transformaciones han llevado la regulación de la IA al centro del debate político. Ocho de cada diez estadounidenses respaldan la adopción de controles, incluso si estos ralentizan la innovación, pero Washington continúa dividido. Los demócratas reclaman medidas urgentes y algunos legisladores republicanos también apoyan evaluaciones externas o facultades para suspender modelos considerados peligrosos. Trump y otros dirigentes republicanos sostienen, en cambio, que una regulación estricta debilitaría a Estados Unidos frente a China. Mientras el Congreso discute propuestas con diferentes alcances, los estados avanzan por separado: California y Nueva York ya exigen reportes de incidentes y contemplan multas que pueden alcanzar US$1 millón (The Economist, 2026).

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Xi Jinping buscará prolongar la tregua comercial con Estados Unidos durante su encuentro con Donald Trump en Washington. La diferencia entre los calendarios políticos favorece al mandatario chino: Trump enfrenta las elecciones legislativas de noviembre y el impacto que una nueva escalada arancelaria tendría sobre los consumidores estadounidenses, mientras Xi se prepara para un cuarto mandato y dispone de mayor tiempo para negociar. La tregua permitiría a China atender la crisis inmobiliaria, el desempleo juvenil y la debilidad del consumo, a la vez que continúa fortaleciendo su capacidad industrial, tecnológica y militar (The New York Times, 2026).

El acercamiento ya permitió crear una junta comercial para identificar posibles reducciones arancelarias y reactivar algunas compras chinas de productos agrícolas estadounidenses. Sin embargo, las empresas mantienen expectativas moderadas. Aunque su confianza alcanzó el nivel más alto desde 2021 y los fabricantes de semiconductores elevaron los ingresos estadounidenses en China, las ventas de la mayoría de las compañías permanecen estancadas desde 2023. A ello se suman nuevas amenazas arancelarias, restricciones tecnológicas y el objetivo chino de sustituir componentes extranjeros: la participación de equipos nacionales en la fabricación de obleas habría aumentado desde 6 % en 2020 hasta cerca de 30 % en 2026 (The Economist, 2026).

China también llega a la negociación con mayor influencia sobre los mercados energéticos. Durante los primeros seis meses de la guerra con Irán, redujo sus importaciones de petróleo en 23 %, utilizando reservas acumuladas, capacidad de refinación y fuentes alternativas de energía. Esta caída de la demanda habría mantenido el precio internacional aproximadamente US$10 por barril por debajo del nivel que habría alcanzado si las compras chinas se mantenían al ritmo anterior. Además, los vehículos eléctricos ya representan alrededor del 14 % del parque automotor chino y permitieron reducir el consumo en aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios durante el segundo trimestre. De este modo, el mayor importador mundial de petróleo comienza a ejercer una influencia que antes correspondía principalmente a los grandes productores (The New York Times, 2026).

Al mismo tiempo, el Banco de Japón elevó su tasa de referencia hasta 1,25 %, el nivel más alto desde 1995, y señaló que podrían producirse nuevos incrementos. Sin embargo, el yen se debilitó después del anuncio, porque dos integrantes del directorio sugirieron que los siguientes ajustes podrían avanzar más lentamente de lo esperado. El dólar subió 1,2 % frente a la moneda japonesa y alcanzó los ¥157,83, mientras el rendimiento de los bonos soberanos japoneses a diez años se aproximó al 3 %, un nivel no registrado desde mediados de la década de 1990 (The Wall Street Journal, 2026).

La normalización monetaria japonesa puede afectar también a los mercados internacionales. Los inversionistas del país mantienen aproximadamente US$2,5 billones en acciones, bonos y otros activos estadounidenses, incluidos cerca de US$1,1 billones en títulos del Tesoro. Si las mayores tasas internas impulsan la repatriación de una parte de esos recursos, disminuiría una fuente importante de demanda para la deuda estadounidense y aumentaría la presión sobre sus rendimientos. Asia combina así dos transformaciones: China utiliza su peso comercial y energético para ganar margen frente a Washington, mientras Japón reduce gradualmente una política de tasas bajas que durante décadas sostuvo los flujos de capital hacia el exterior (The Wall Street Journal, 2026).

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Ucrania solicitó a Estados Unidos un nuevo paquete de armamento para afrontar el invierno, incluidos sistemas antimisiles Patriot y otras tecnologías defensivas. El presidente Volodímir Zelenski afirmó que espera que Washington impulse una “tregua energética” para detener los ataques contra la infraestructura de ambos países. Francia también propuso una moratoria sobre las ofensivas dirigidas contra instalaciones petroleras. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo y Kiev sostiene que Rusia no modificará su estrategia sin una mayor presión económica y militar (The Wall Street Journal, 2026). 

El impacto de la ofensiva rusa ya se extiende a la economía ucraniana. La producción de acero cayó 60 % interanual en agosto. Más de 250 locomotoras fueron destruidas durante el año y el cierre de los puertos de aguas profundas de Odesa amenaza las exportaciones agrícolas, que en 2025 representaron más del 10 % del producto bruto interno (The Economist, 2026). 

La presión rusa también alcanza a Europa mediante drones, ciberataques y sabotajes sin llegar, hasta ahora, a una confrontación directa con la OTAN. A la vez, Estados Unidos combina presión e incentivos: promulgó una ley que permite imponer aranceles de hasta 100 % a los principales compradores de energía rusa, mientras evalúa acuerdos comerciales con Moscú antes del fin de los combates. Esta estrategia podría facilitar una tregua limitada, pero generar diferencias con Ucrania y sus aliados europeos, si Rusia obtiene beneficios sin asumir compromisos verificables (The Economist, 2026; The Wall Street Journal, 2026; The New York Times, 2026). 

En este contexto de mayor incertidumbre transatlántica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la Unión Europea. La iniciativa no implica una adhesión plena y sus condiciones todavía están siendo elaboradas, pero contempla la integración de cadenas de suministro en sectores críticos y de defensa, mayores exportaciones canadienses de energía y cooperación en centros de datos, inteligencia artificial, minerales críticos y regulación digital. Canadá ya se convirtió en el primer país no europeo incorporado al mecanismo comunitario de compras de defensa (The Wall Street Journal, 2026).

El acercamiento busca reducir la dependencia canadiense de Estados Unidos, destino tradicional de aproximadamente tres cuartas partes de sus exportaciones, y apoyar el objetivo de duplicar las ventas hacia otros mercados para 2035. Donald Trump advirtió que podría considerar la asociación un “acto hostil” e imponer nuevos aranceles a Europa. Aunque todavía deben definirse las obligaciones regulatorias y comerciales de una eventual membresía asociada, la iniciativa evidencia un cambio más amplio: Europa busca fortalecer su seguridad frente a Rusia y, al mismo tiempo, construir alianzas económicas que reduzcan su exposición a una relación cada vez más incierta con Washington (The Wall Street Journal, 2026).

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Bolivia eliminó el subsidio al diésel y estableció que su precio se ajuste a las referencias internacionales. La medida elevó el valor del combustible de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro, equivalente a un incremento del 83,2 %. El Gobierno sostiene que ya no podía continuar importando diésel a un precio elevado para venderlo por debajo de su costo, especialmente cuando el país depende del exterior para aproximadamente el 90 % de su consumo. Según una estimación privada, mantener el subsidio habría representado un gasto anual cercano al 4,7 % del producto bruto interno (Bloomberg, 2026).

La corrección fiscal puede, no obstante, intensificar la inflación y la conflictividad social. Los pasajes interdepartamentales aumentaron hasta 125 % en algunas rutas y comenzaron a observarse alzas en alimentos y servicios. Las estimaciones para el cierre de 2026 varían considerablemente: un escenario base ubica la inflación entre 8 % y 12 %, mientras otro análisis calcula que podría alcanzar entre 17 % y 20 % si continúan la depreciación cambiaria, los bloqueos y los efectos de segunda ronda. Bolivia enfrenta así el dilema de reducir un subsidio fiscalmente insostenible sin profundizar la pérdida de poder adquisitivo ni la desaceleración económica (Bloomberg, 2026).

Chile, por su parte, atraviesa una contracción de su principal actividad exportadora. El ministro de Hacienda proyecta que la producción de cobre caerá 7 % durante 2026, afectada por problemas operativos, el envejecimiento de los activos, la menor ley del mineral y condiciones climáticas adversas. La estimación es más negativa que la de Cochilco, que anticipa una disminución de 2,6 %, hasta 5,27 millones de toneladas. Aunque la entidad oficial espera un repunte de 5,2 % en 2027, el Gobierno advierte que recuperar completamente los niveles anteriores podría tomar dos años. La caída tiene alcance mundial porque Chile representa cerca de una cuarta parte de la oferta minera global (Bloomberg, 2026).

En Venezuela, los cambios regulatorios están alentando el retorno gradual de las petroleras estadounidenses. ExxonMobil negocia un acuerdo preliminar para evaluar inversiones en campos que podrían concentrar hasta 50.000 millones de barriles, mientras Continental Resources firmó un memorando no vinculante para explorar un proyecto en Anzoátegui. Estos acercamientos todavía podrían fracasar y las empresas mantienen dudas sobre la seguridad jurídica del país. Sin embargo, Chevron ya acordó invertir US$7.000 millones durante cinco años y busca duplicar su producción hasta 600.000 barriles diarios. Washington pretende movilizar hasta US$100.000 millones para recuperar el sector y fortalecer el suministro energético del hemisferio occidental (The Wall Street Journal, 2026).

La cooperación comercial entre Argentina y Estados Unidos enfrenta, en cambio, obstáculos políticos. El Gobierno de Javier Milei reconoció que no cuenta con los votos necesarios para ratificar el acuerdo bilateral firmado en febrero y solicitó renegociarlo después de que la Corte Suprema estadounidense invalidara los aranceles globales de Trump. Washington rechazó modificar las condiciones porque teme que otros países exijan concesiones similares. El estancamiento contrasta con la afinidad política entre ambos gobiernos y con el apoyo estadounidense previo, que incluyó un swap de divisas por US$20.000 millones, una ampliación de 80.000 toneladas en la cuota argentina de carne y más de 1.600 exenciones arancelarias. El caso muestra que la cercanía ideológica no garantiza la aprobación interna de acuerdos económicos (Bloomberg, 2026).