Boletín de la Escuela de Posgrado

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha convertido en un shock geopolítico, energético y macroeconómico de alcance global. El G7, reunido en París el 18 de mayo de 2026, pidió reabrir con urgencia el estrecho de Ormuz y advirtió, junto con el Fondo Monetario Internacional, que la guerra está presionando los precios de la energía, los alimentos, los fertilizantes, la inflación y el crecimiento. En este contexto, el petróleo se mantiene mayormente por encima de los US$100 y el bono estadounidense a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007. No obstante, la cumbre también evidenció tensiones internas: Washington exigió mayores sanciones contra Irán, pero extendió por 30 días —y luego por tercera vez— una exención para vender petróleo ruso, medida criticada por Europa al considerar que favorece a Moscú (The New York Times, 2026).

En el frente militar, Trump afirmó que pospuso un “ataque muy importante”, previsto para el 19 de mayo, debido a la presión diplomática de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos; sin embargo, dio a Teherán solo “dos o tres días” antes de una posible ofensiva “total y a gran escala”. El Pentágono evalúa reactivar la Operación Furia Épica, que incluiría bombardeos, operaciones especiales en Isfahán o acciones sobre Kharg, mientras más de 50.000 soldados estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente. A su vez, Irán habría recuperado acceso a la mayoría de sus instalaciones subterráneas y a 30 de sus 33 sitios de misiles cercanos a Ormuz.

La tensión aumenta porque Teherán mantiene cerrado de facto el estrecho —por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial—, exige preservar su derecho a enriquecer uranio, movió lanzadores durante el alto el fuego y amenazó con atacar “lugares que ni siquiera puedes imaginar”. Además, Estados Unidos detuvo al menos tres petroleros vinculados a Irán, Teherán afirmó haber permitido el paso de 26 buques en 24 horas, Emiratos interceptó seis drones en 48 horas y también persiste el riesgo sobre Bab al-Mandeb, ruta clave por donde circula cerca del 10 % del comercio marítimo mundial.

Irán ha ganado influencia mediante una estrategia de “coerción triangular”: tras el ataque israelí a South Pars el 18 de marzo, respondió contra Ras Laffan y refinerías saudíes y kuwaitíes, lo que elevó los precios y forzó el alto al fuego del 8 de abril. Sin embargo, más de 1000 buques quedaron atrapados tras el fracaso del Project Freedom (The Economist, 2026; The Financial Times, 2026). El Golfo ya registra daños severos: el petróleo y el gas representan cerca de una cuarta parte del PBI regional; las exportaciones saudíes cayeron un tercio, las emiratíes a la mitad, y Bahréin, Kuwait y Qatar casi no exportaron. Además, Emirates movilizó solo 4,7 millones de pasajeros —casi 50 % de su nivel habitual—, la ocupación hotelera de Dubái podría caer a 10 % y Bahréin recibió un swap de US$5.400 millones. Por ello, si no se alcanza un acuerdo antes de septiembre, la recesión regional podría volverse estructural.

El impacto global también es considerable: la Organización de las Naciones Unidas redujo su proyección de crecimiento mundial de 2,7 % a 2,5 % y elevó su estimación de inflación de 3,1 % a 3,9 %. Si el crudo supera los US$150, el crecimiento mundial podría caer a 2,1 % en 2026 y recuperarse solo a 2,6 % en 2027, mientras 45 millones de personas adicionales entrarían en inseguridad alimentaria aguda, lo que elevaría el total a 363 millones.

Además, el shock redistribuye ganancias y pérdidas: Estados Unidos exportó 145 millones de barriles adicionales y ganó US$50.000 millones; Rusia obtuvo US$15.000 millones pese a vender 592.000 barriles menos; Arabia Saudita perdió más de 150 millones de barriles, aunque ganó US$9.200 millones por oleoductos alternativos; e Irak perdió 246 millones de barriles y US$15.000 millones (The Financial Times, 2026). En otros frentes, Israel mató en Gaza a Izz al-Din al-Haddad, líder militar de Hamás y sucesor de Muhammad Sinwar, en un ataque que dejó al menos seis muertos, mientras persisten acusaciones de violaciones de la tregua y restricciones humanitarias.

Asia atraviesa una reconfiguración económica, política y tecnológica marcada por la guerra en Irán, la tensión China-Estados Unidos y el auge de la IA: entre el 23 de febrero y el 11 de mayo de 2026, como muestra el gráfico, el diésel subió cerca de 150 % en Laos, más de 100 % en Myanmar y 90 % en Indonesia, mientras India contuvo el alza con subsidios, y gastó unos US$150 millones diarios e Indonesia US$60 millones, en un contexto donde la urea aumentó 50 %, la inflación filipina llegó a 7,2% y su PBI se desaceleró a 2,8%, lo cual empujó a la región hacia reservas compartidas, biocombustibles, renovables e integración eléctrica (The Wall Street Journal, 2026).

En paralelo, la cumbre Trump-Xi del 14 de mayo de 2026 buscó extender la tregua comercial, luego de que Estados Unidos impusiera aranceles de hasta 145 % sobre bienes chinos. Aunque Trump negó haber tratado el tema tarifario, China afirmó que sí se alcanzó un acuerdo preliminar para reducir aranceles sobre US$30.000 millones por lado, crear juntas de comercio e inversión, comprar 200 aviones Boeing, reanudar las importaciones de carne vacuna estadounidense y negociar productos agrícolas, lácteos, acuáticos, motores, autopartes, controles de exportación y tierras raras. Sin embargo, persisten tensiones por Taiwán, Irán, Ucrania e inteligencia artificial, mientras parte de la opinión pública china observa a Trump con burla, desconfianza y preocupación por su impacto en la volatilidad global y los negocios (The Financial Times, 2026).

En el sudeste asiático, Indonesia enfrenta riesgos fiscales por el gasto populista de Prabowo Subianto: sus programas de comidas escolares gratuitas y 80.000 cooperativas agrícolas costarían 320 billones de rupias —US$18.000 millones, equivalentes al 10 % de los ingresos presupuestados—, en un contexto de déficit de 2,9 % del PBI, intereses equivalentes al 16 % de los ingresos públicos y caída de 11 % de la rupia. Por otra parte, Filipinas atraviesa una crisis política tras el impeachment de Sara Duterte, aprobado el 11 de mayo, pues el Senado podría inhabilitarla para 2028 si la condena por dos tercios, en medio de acusaciones por 6.800 millones de pesos (US$110 millones) en transacciones sospechosas.

Japón muestra renovación política con Anno Takahiro, fundador de Team Future/Mirai, quien obtuvo 11 escaños en 2026 con una agenda de inteligencia artificial, envejecimiento, burocracia y participación ciudadana, aunque aún lejos de los 316 escaños del Partido Liberal Democrático. En el frente empresarial, Xpeng se transformó en Xpeng Group, que invertirá US$1.000 millones en IA y prepara humanoides y autos voladores para 2027, con 7.000 pedidos registrados, aunque deberá vender más de 429.000 autos y competir en un mercado de humanoides que podría alcanzar US$5 billones en 2050 (The Economist, 2026). 

Finalmente, China intenta automatizar sin destruir empleo: produce cerca del 70 % de los vehículos eléctricos del mundo, regula drones, autos autónomos e IA con supervisión humana, limita despidos asociados a la automatización y controla los robotaxis. En ese contexto, Qingdao ya cuenta con 1.200 furgonetas autónomas Neolix y espera llegar a 4.000, mientras Goldman Sachs proyecta 700.000 robotaxis en cinco años. El auge de la IA también fortalece a campeones asiáticos: Ajinomoto domina más del 95 % del mercado de ABF, Toto obtiene más de la mitad de su beneficio operativo de cerámicas para semiconductores y Samsung elevó su valor de mercado en 400 %, hasta US$1 billón, con 57 billones de wones (US$38.000 millones) de beneficio operativo, aunque enfrenta presión sindical por mayores repartos de ganancias (The Economist, 2026).

Europa entra en una etapa de elevada presión económica, política y geopolítica. La Unión Europea se aproxima a una posible guerra comercial con China debido a un desequilibrio bilateral de casi €1.000 millones diarios a favor de Beijing y al temor de que la sobrecapacidad china afecte sectores estratégicos como baterías, autos eléctricos y tecnologías verdes. Por ello, Bruselas evalúa aplicar aranceles de salvaguardia, reglas de “compra europea”, exigencias de contenido local, transferencia tecnológica y controles a importaciones de bajo valor, luego de recibir casi 6.000 millones de paquetes pequeños en 2025, principalmente desde China.

La eurozona también evidencia fragilidad externa: su superávit comercial ajustado cayó de €6.500 millones en febrero a €3.500 millones en marzo de 2026, mientras que el no ajustado bajó de €11.100 millones a €7.800 millones, muy lejos de los €34.100 millones registrados en marzo de 2025, debido a mayores importaciones energéticas y menores excedentes en químicos, maquinaria y vehículos (The Economist, 2026). En paralelo, la UE avanza con el pacto comercial firmado con Estados Unidos en 2025 antes del plazo del 4 de julio fijado por Trump, quien amenazó con elevar a 25 % los aranceles a los autos europeos; el acuerdo contempla salvaguardas para fabricantes europeos, suspensión de beneficios si Washington incumple y la posibilidad de restablecer aranceles al acero y aluminio si Estados Unidos mantiene tasas superiores al 15 % después de diciembre de 2026 (The Wall Street Journal, 2026).

En el plano político, Armenia votará el 7 de junio de 2026, en una elección que pondrá a prueba el giro prooccidental de Nikol Pashinyan, mientras Rusia conserva influencia al proveer el 85 % del gas y controlar infraestructura clave. Hungría, bajo el liderazgo de Peter Magyar desde el 9 de mayo, busca restaurar el estado de derecho y desbloquear €18.000 millones en fondos europeos retenidos para apoyar a Ucrania. Por otra parte, Reino Unido enfrenta una crisis política y fiscal: el laborismo perdió 58 % de sus concejales en Inglaterra, Reform UK ganó más de 1.450 concejales, los gilts a diez años subieron de 4,2 % a 5,2 % desde el inicio de la guerra con Irán y el servicio de deuda podría aumentar en £7.000 millones hacia 2029-2030. Además, Keir Starmer registra solo 29 % de apoyo, en un país afectado por bajo crecimiento, Brexit y débil productividad. En el continente, la socialdemocracia también retrocede: actualmente, solo 3 de los 27 líderes nacionales de la UE son progresistas, mientras la crisis de vivienda agrava el malestar social, con precios medios 60 % más altos entre 2015 y 2025, un déficit español de 700.000 viviendas y un plan de €7.000 millones para vivienda pública (The Economist, 2026).

Finalmente, como señala el gráfico, la guerra en Ucrania muestra desgaste ruso: Moscú no exhibió tanques en el desfile del Día de la Victoria, perdió 113 km² en 30 días, registró cerca de 35.000 bajas mensuales y casi 1,4 millones de muertos y heridos graves desde la invasión; a la vez, Suiza resiste con crecimiento de 0,5 % en el primer trimestre de 2026, aunque KOF advierte que un petróleo 30 % más caro reduciría su crecimiento a 0,7 % en 2026 y 1,5 % en 2027 (The Economist, 2026).

América Latina enfrenta una nueva ola de tensión política, crisis económica y presión externa, con Bolivia como uno de los focos más críticos. Tras un mes de protestas y bloqueos que aislaron La Paz, provocaron escasez de alimentos, alza de precios y cierre de oficinas; los sindicatos, grupos indígenas, mineros y sectores afines a Evo Morales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, apenas seis meses después de asumir el mandato. El malestar responde a la percepción de exclusión de votantes populares frente a su gabinete conservador, la eliminación del impuesto a la riqueza y una polémica ley de tierras —posteriormente derogada—, en un conflicto que pasó de demandas salariales y sectoriales a una impugnación más amplia del rumbo del gobierno.

Al mismo tiempo, la administración Trump endureció su política hacia Cuba al sancionar, el 18 de mayo de 2026, a 11 altos funcionarios y tres agencias estatales (la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia), congelando activos en Estados Unidos y acusándolos de sostener la represión. Además, la isla atraviesa una crisis severa por restricciones que llevaron a navieras como Hapag-Lloyd y CMA CGM a suspender reservas, a Sherritt a retirarse de negocios conjuntos, a una fuerte escasez de petróleo y a apagones de hasta 22 horas diarias. Esta presión escaló aún más el 20 de mayo cuando el Departamento de Justicia acusó a Raúl Castro, expresidente cubano de 94 años, de asesinato y conspiración por el derribo de dos aviones de Hermanos al Rescate en 1996, ataque que dejó cuatro muertos y podría implicar cadena perpetua, junto con cargos contra otras cinco personas y exigencias para que La Habana impulse reformas económicas y cierre puestos de inteligencia rusos y chinos (The Economist, 2026).

En Guatemala, el nombramiento del nuevo fiscal general Gabriel García Luna, el 17 de mayo de 2026, abre una oportunidad para recuperar la confianza en el Ministerio Público, luego de que el país pasara de ser un referente regional del estado de derecho —por el trabajo de la CICIG, que en 2015 contribuyó a la caída y procesamiento de Otto Pérez Molina— a desmontar casos anticorrupción tras la expulsión de la comisión en 2019 y los ocho años de gestión de Consuelo Porras, etapa marcada por persecución, cárcel o exilio de fiscales, jueces, periodistas y líderes sociales. Sin embargo, sus posibilidades son limitadas por redes judiciales vinculadas a corrupción y crimen organizado, menor apoyo de Estados Unidos y presión para que el gobierno de Bernardo Arévalo entregue resultados en salud, seguridad, carreteras y educación.

Perú enfrenta una agenda económica tensionada por energía, minería, inversión pública y conflictividad social. ProInversión asumirá la supervisión directa de las compras de crudo, derivados e insumos críticos de Petroperú, y limitará al directorio en la firma de contratos que comprometan flujos futuros, así como exigirá reportes en un plazo de 48 horas. En paralelo, el Congreso rechazó derogar el DU N.^o 010-2025 por 10 votos contra 9 y 3 abstenciones, manteniendo la reestructuración de la empresa y protegiendo la línea de financiamiento de hasta US$2.000 millones establecida en el DU N.^o 003-2026, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendería para evitar una crisis energética, especialmente en la selva, según El Comercio.

En el agro, el shock externo encareció los fertilizantes: las importaciones cayeron a US$141 millones en el primer trimestre de 2026 (-12 % en valor y -19 % en volumen), mientras la urea subió de US$415 por tonelada en enero a US$857 en abril, lo cual afectó a casi un millón de agricultores, dado que cerca del 90 % de los fertilizantes nitrogenados son importados y la urea representa hasta el 20 % del costo productivo. 

La minería mantiene dinamismo por los altos precios del cobre y el oro: en 2025, se registraron 10.989 petitorios (+42,69 %) y 5.089 concesiones por 1,9 millones de hectáreas, mientras que en el primer bimestre de 2026 hubo 2.193 petitorios (+65,8 %) y 859 concesiones. Sin embargo, preocupa que algunas propuestas legislativas reduzcan la vigencia de las concesiones de 30 a 15 años, pese a que el tránsito del cateo a la exploración puede tomar entre 20 y 23 años, según indica Gestión. En hidrocarburos, Perupetro autorizó a Pluspetrol a realizar estudios en Ucayali para ampliar reservas, mientras el lote 88 tendría gas suficiente para 16 años de consumo interno y el lote 56 requiere extender su licencia vinculada a Perú LNG, vigente hasta 2028. En inversión pública, el MEF busca depurar una cartera sobredimensionada de S/ 221.000 millones, que incluye 7.122 proyectos viales por S/ 61.000 millones, y planea desactivar 120.000 proyectos hasta el 30 de junio, muchos de ellos con más de siete años de inactividad, según Perú21.

La recaudación tributaria minera y no minera, como se observa en el gráfico, muestra una recuperación sostenida desde marzo de 2024, impulsada primero por el componente no minero y luego por un fuerte repunte minero hacia marzo de 2026, lo que sugiere mayor dinamismo económico y una mejora en los ingresos fiscales, de acuerdo a Gestión. A la vez, Puerto Corío se perfila como una apuesta estratégica del Corredor Sur, con una inversión estimada de US$7.000 millones, 34.000 hectáreas saneadas y una primera etapa valorizada en US$650 millones.

Finalmente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reorganizó áreas clave para reforzar la estabilidad monetaria y la gestión de RIN (reservas internacionales netas), mientras el FTEP (Frente de Trabajadores Estatales del Perú, gremio del sector público) y otros gremios presionan al MEF por la negociación colectiva 2026-2027, exigiendo al menos S/ 1.500 millones ante una canasta familiar superior a S/ 1.800, una RMV (remuneración mínima vital) de S/ 1.130 y una pérdida de poder adquisitivo mayor al 69 %, según Perú21.