Universidad de Lima

La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha tenido sin duda un efecto en exacerbar la situación de vulnerabilidad de las mujeres alrededor del mundo. En primer lugar, porque la fuerza laboral en salud a nivel mundial está compuesta en un 70 % por mujeres (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2020). En segundo lugar, porque las mujeres tradicionalmente se ocupan de la mayor parte del trabajo de cuidado en el hogar, lo que no solamente les pone en mayor riesgo de contagio si es que se tiene un familiar enfermo en casa, sino que también afecta su desempeño laboral o su capacidad de conseguir trabajo. Relativo a esto, cabe agregar que la calidad del empleo suele ser mucho más precario para ellas: el 38 % de las mujeres peruanas dentro de la población económicamente activa fungen como trabajadoras independientes, y 5 %, como trabajadoras domésticas (Gutiérrez, Martin y Ñopo, 2020). Esto es relevante, ya que el 43 % de las mujeres peruanas están dentro de las categorías ocupacionales más vulnerables a ser afectadas durante la pandemia.

Asimismo, las restricciones de movilización y la reducción de la respuesta por parte de instituciones estatales (como centros de salud y de denuncia) a casos de violencia de género durante la pandemia han dejado a las mujeres y niñas mucho más vulnerables a situaciones de violencia física, sexual y psicológica por parte de familiares y parejas. Así, si bien se observa una disminución de los casos de violencia de género atendidos en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) durante el año 2020 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020), esto parece deberse, en parte, a la suspensión de la atención presencial durante el aislamiento social.

Esto presenta un panorama general de la situación, sin particularizar en la situación específica de las mujeres según sus diferentes configuraciones sociales, lo que contribuye a su homogeneización como grupo social (Hernández, 2019a). Sin embargo, es más que evidente que no todas las mujeres son igualmente vulnerables a los efectos de la pandemia. Aquí cabe subrayar el aporte de Hernández (2019b), quien al estudiar la violencia de género propone incorporar una perspectiva que contemple múltiples configuraciones de violencia (es decir, violencias), así como un sujeto mujer heterogéneo (es decir, mujeres), entendido a través de los lentes de la interseccionalidad. Esta perspectiva captura cómo distintos ejes —como la clase, la raza y la orientación sexual— configuran distintas experiencias de opresión y privilegio (Crenshaw, 1991). Asimismo, el comprender la pluralidad de formas de ser mujer debe acompañarse de un entendimiento del sexo y el género como constructos sociales, lo cual permite ampliar los límites de la categoría “mujeres”, de modo que no esté circunscrita a una configuración biológica determinada, sino a procesos subjetivos de autoidentificación y construcción identitaria (Butler, 2007).

Esta concepción abierta, plural y constructivista del sujeto mujer nos permite preguntarnos por la situación en la que se encuentran las mujeres trans [1] en Perú. La necesidad de incorporar a las mujeres trans en las reflexiones sobre la situación de las mujeres peruanas es apremiante al considerar la discriminación y violencia sistemática que enfrentan, la cual deriva, entre otras cosas, en una situación de pobreza extrema, lo que se debe a diversos factores estructurales (Salazar et al., 2016). Igualmente, ellas han sido omitidas históricamente de la lucha de los movimientos por la reivindicación de los derechos de las mujeres (No Tengo Miedo, 2016).

Debido a lo arriba mencionado, las mujeres trans se encuentran en una posición de particular vulnerabilidad a raíz de la pandemia. Las medidas impuestas por el Estado peruano para controlar los contagios pusieron en especial peligro sus medios de vida, debido a su precaria situación laboral, que es por lo general informal (Silva-Santisteban et al., 2012). Igualmente, la medida denominada pico y género [2] las expuso a la violencia de la policía, institución que ha tenido un rol histórico como agente de transfobia institucionalizada (Oporto, 2018). Esta violencia, además, está legitimada en la inexistencia de una ley que permita el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en sus documentos de identidad (Álvarez et al., 2020).

Sin embargo, y a pesar de la ausencia de políticas que las protejan, las mujeres trans han logrado transformar su vulnerabilidad en resistencia mediante el activismo y el trabajo comunitario (Pérez-Brumer y Silva-Santisteban, 2020). El estudio de García-Rabines y Bencich (2021) da cuenta de las estrategias comunitarias empleadas por un grupo de mujeres trans para resistir el impacto negativo de la pandemia. Estas estrategias se desarrollaron en el marco de una campaña social llamada #DonativoTrans, organizada por una institución de la sociedad civil. Así, se encontró que el capital social fue un aspecto central para articular formas de resistencia. Por ejemplo, las mujeres trans emplearon estrategias basadas en la cohesión social y la solidaridad como la organización de ollas comunes y la distribución equitativa de víveres a la comunidad. También surgieron liderazgos comunitarios entre estas mujeres, quienes se encargaron de implementar y administrar las actividades de la campaña y de establecer vínculos de colaboración con otras instituciones para obtener más ayuda o visibilizar en los medios los casos de discriminación y violencia. Desde la perspectiva de políticas públicas, estos hallazgos sugieren la importancia de alentar formas de autoorganización, cohesión social y liderazgo en estas comunidades como un medio para aumentar su bienestar y reducir su situación de vulnerabilidad.

En las discusiones que se dan en el marco del Día Internacional de la Mujer, cabe dar espacio en la agenda pública a la discusión sobre los derechos de las mujeres trans y cómo estas han sido especialmente afectadas por la pandemia. Más allá de entender su problemática actual, esto permitirá articular respuestas, desde el Estado y la sociedad civil, para sobrellevar estos momentos de alta precariedad. Asimismo, a largo plazo, tal vez la medida más importante sea el reconocimiento legal de su identidad de género, ya que esto les permitirá ser visibles ante el Estado y erigirse como ciudadanas de pleno derecho. Darían así un primer paso para acabar con su situación de exclusión social.

Notas

[1] Trans es un término paraguas usado para referirse a aquellas personas cuya identidad o expresión de género difiere de lo que culturalmente se ha asociado con el sexo que les fue asignado al nacer (American Psychological Association, 2014).

[2] Esta política, que al momento se encuentra descontinuada, estableció restricciones de la movilidad basadas en un entendimiento binario del género (Pérez-Brumer y Silva-Santisteban, 2020).

Referencias

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Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299. https://doi.org/10.2307/1229039

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Gutiérrez, D., Martin, G. y Ñopo, H. (2020). El coronavirus y los retos para el trabajo de las mujeres en América Latina [#COVID19 Serie de Documentos de Política Pública, 18]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_p...

Hernández, W. (ed.). (2019a). Género en el Perú: nuevos enfoques, miradas interdisciplinarias. Fondo Editorial de la Universidad de Lima.

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