Rossana Silva Repetto es una abogada experta en derecho ambiental internacional que ha dejado una huella significativa en el ámbito global. Ha trabajado por 30 años en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, actualmente, es CEO adjunta del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal en la misma entidad.
Además, contribuye de manera decisiva a la implementación del Protocolo de Montreal, reconocido como uno de los acuerdos ambientales más exitosos de la historia. También, ha desempeñado otros roles de liderazgo en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre los que se incluye el puesto de asesora legal de la organización, y fue la primera secretaria ejecutiva del Convenio de Minamata sobre el mercurio.
Cursó estudios de derecho en la Universidad de Lima, luego, partió a Europa para estudiar Derecho Internacional y Derecho de la Integración de las Comunidades Europeas en la Scuola Post-Universitaria di Studi Europei Alcide De Gasperi. Después, cursó una maestría en la Universidad de Lovaina y varios cursos en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en la SIOI (Societa´ Italiana per l´Organizzazione Internazionale) en Roma, donde ingresó a trabajar en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), antes de trabajar para el PNUMA.
¿Cómo te iniciaste en el campo ambiental?
Yo no había planeado trabajar en la Organización de las Naciones Unidas, más bien quería entender cómo los países de Europa, a pesar de ser tan diferentes, con idiomas distintos, tradiciones y culturas diversas, y luego de pasar por tantas guerras, finalmente, han logrado integrarse. Y pensaba cómo nosotros, en América Latina, donde compartimos el mismo idioma, la misma historia, antepasados y tradiciones, no podemos hacerlo. Me interesaba entender qué debíamos hacer para lograrlo a nivel regional. La vida me llevó por otros caminos. Mientras llevaba cursos en la SIOI, se abrió un puesto para trabajar como funcionario jurídico en la FAO y me presenté. Luego de algunos meses, me llamaron para ofrecerme el puesto y acepté. Así se inició mi carrera en las Naciones Unidas.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando con la Organización de las Naciones Unidas y por qué oficinas has pasado?
Llevo 30 años con las Naciones Unidas. Comencé en enero de 1994 en la FAO. Recuerdo que la FAO me envió como ponente a un curso de derecho ambiental organizado por el PNUMA y el director de la División de Derecho Ambiental me invitó a postular al puesto de coordinador del Programa de Derecho Ambiental para América Latina y el Caribe en la oficina regional del PNUMA en México. De esa manera, en el 2000, pasé al PNUMA. Fue una gran experiencia, porque el derecho ambiental recién se estaba gestando en esa época, fuimos pioneros en crear un programa de derecho ambiental para jueces. Nos preocupaba el hecho de que, si los jueces no habían estudiado derecho ambiental, cómo podrían defender el ambiente. Mi objetivo era que los tres poderes del Estado interiorizaran este tema para que cada uno, desde su ámbito, pudiera proteger el ambiente. Algunas personas pensaban que el PNUMA no subsistiría, que se trataba de la euforia posterior a las cumbres de Estocolmo y de Río, pero decidí apostar por él y el PNUMA no solo creció muchísimo, sino que se ha colocado en una importante posición en el sistema de las Naciones Unidas y es un aliado de las naciones en la protección del ambiente.
¿Hubo algún logro en particular que te haya hecho sentir orgullosa?
El gran logro fue atraer a los jueces a la causa ambiental y apoyar a los países en la consolidación de su marco jurídico en materia ambiental. Fue un trabajo arduo, porque no había precedentes judiciales, la legislación ambiental era escasa e incongruente, pero conseguimos grandes avances. De hecho, en el Caribe anglófono, se creó la primera corte ambiental presidida por una jueza y, en toda la región, se adoptaron leyes sobre medioambiente, y la necesidad de su protección se incluía en las constituciones. Asimismo, comenzaron a expedirse sentencias en defensa del medioambiente. Fue un momento maravilloso, un logro colectivo que marcó un antes y un después. Ayudamos a los países a desarrollar legislación ambiental, estos asumían obligaciones a nivel internacional, pero muchas veces no tenían cómo implementarlas en el plano nacional. Entonces, nuestra labor consistía en ayudarles a desarrollar legislación para aplicar esos convenios en su propio territorio. Mi especialidad en ese momento era en plaguicidas y químicos, así como en protección fitosanitaria. Después, me involucré en biodiversidad, recursos genéticos, variedades vegetales y protección intelectual de estas, para reconocer el conocimiento tradicional que ha permitido la conservación y mejoramiento de las especies a través de los siglos.
¿Cómo fue tu experiencia desarrollando legislación ambiental?
Fue muy enriquecedora y fructífera. Me encantaba ir a los países, en todas las regiones del mundo, a reunirme con los actores del rubro, escuchar opiniones, leer su legislación y planear con ellos cómo desarrollar y consolidar marcos legales ambientales. En muchos países, se adoptó la legislación que redacté. Trabajamos con el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Por otra parte, en América Latina y el Caribe, se estableció una serie de publicaciones de derecho ambiental, que hicimos circular ampliamente, escritas por expertos en las diferentes materias de este ámbito. A raíz de este trabajo, un donante europeo decidió apoyarnos con fondos para cooperación internacional que se destinaron a Iberoamérica. Así, pude organizar un curso anual de dos semanas de formación en derecho ambiental para participantes de toda la región con los mejores profesores de América Latina y España, quienes aceptaban apoyar la causa e, incluso, no cobrar honorarios. Fue una experiencia maravillosa y un logro significativo para la región.
¿Luego adónde pasaste?
Después, me convertí en asesora jurídica del Programa de Mares Regionales del PNUMA y me mudé a La Haya. Posteriormente, me trasladé a Nairobi, Kenia, donde se ubica la sede del PNUMA, y allí me convertí en la asesora jurídica del PNUMA. Me ocupaba de muchísimos temas legales, pero ya no de derecho ambiental, sino de asuntos corporativos de las Naciones Unidas. Esto incluye el marco legal interno: acuerdos, contratos, finanzas, recursos humanos, órganos de fiscalización y auditoría interna, temas de ética y de solución de controversias internas, que incluye presentarse ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas. Puedo decir con orgullo que no era nuestra costumbre perder ningún caso.
¿Cómo llegaste a ser la primera secretaria ejecutiva del Convenio de Minamata sobre el mercurio?
Mientras trabajaba en Nairobi, bajo los auspicios del PNUMA, se negoció el convenio sobre mercurio, que luego se convirtió en el Convenio de Minamata. Me presenté a ese puesto y fui seleccionada, luego, me trasladé a Ginebra, Suiza, donde permanecí casi tres años. Después, surgió la oportunidad de ir a Montreal, Canadá, donde el PNUMA lleva la secretaría del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal, dedicado a la protección de la capa de ozono. Este protocolo determina qué sustancias deben eliminarse, qué países tienen responsabilidades específicas y los plazos para cumplir con las metas. Por decisión de las Partes del Protocolo, se estableció el Fondo Multilateral como mecanismo financiero para apoyar a los países en desarrollo en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Protocolo de Montreal. Este convenio es considerado por muchos como el más exitoso de los convenios multilaterales ambientales por sus resultados concretos en la eliminación de las sustancias agotadoras, según el calendario establecido; por ende, en la recuperación de la capa de ozono. Este es el único convenio multilateral ambiental que tiene ratificación universal, es decir, todos los países son partes contratantes del mismo.
¿Qué nuevos desafíos enfrenta el Protocolo de Montreal?
En octubre de 2016, los países acordaron adoptar la Enmienda de Kigali, a través de la cual se espera reducir el uso y producción de las sustancias que, sin agotar necesariamente la capa de ozono, contribuyen al calentamiento global. Sucede que la comunidad científica descubrió que las sustancias utilizadas para reemplazar a las agotadoras de la capa de ozono provocan el calentamiento global. Por eso, con la Enmienda de Kigali, los estados acordaron reducir los hidrofluorocarbonos (HFC), que se usan principalmente en la industria de refrigeración y aire acondicionado. Ahora, estas sustancias serán reemplazadas por otras que no contribuyan al agotamiento de la capa de ozono ni al calentamiento global, de manera que ayuden a mitigar el cambio climático.
¿Qué es lo que más valoras de haber desarrollado toda tu carrera profesional en las Naciones Unidas?
Valoro muchísimo todo lo aprendido, que me ha llevado a entender que el mundo es uno solo, que en lo que se refiere al medioambiente no existen fronteras que lo dividan. Por ejemplo, en el Ártico, hay metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes que se originaron en otros lugares del mundo. Es muy satisfactorio para mí desempeñarme en estos asuntos que son tan importantes para la humanidad y las generaciones futuras. Además, es muy reconfortante ver cómo el ser humano toma conciencia de vivir en un mundo que no es infinito y adopta medidas para protegerlo.
¿Cuántos idiomas hablas?
Cuando estaba en Perú, aprendí inglés, italiano, alemán y francés. Los idiomas abren las puertas del mundo e infinitas posibilidades de realización profesional.
¿Cómo fue la etapa en que trabajaste en la Universidad de Lima como profesora?
Recuerdo que enseñé el curso Cooperación Internacional, un electivo que se había incluido en el plan de estudios de la Carrera de Derecho. La experiencia me encantó, fue muy enriquecedor para mí compartir con los alumnos el conocimiento y la experiencia adquirida en los organismos internacionales.
¿Podrías comentar los estudios que has realizado desde que terminaste tu Carrera de Derecho en la Universidad de Lima?
Luego de titularme como abogada, partí a Roma a estudiar Derecho Internacional y Derecho de las Comunidades Europeas mediante una beca del Instituto Italo-Latinoamericano, en la Scuola Post-Universitaria di Studi Europei Alcide De Gasperi. Luego, tuve la oportunidad de hacer cursos de verano en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, y otros cursos de derecho internacional en el Instituto de Estudios Legislativos de Roma. Más adelante, llevé una maestría en Derecho por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, con una beca de la Facultad de Derecho de dicha universidad, que cubría los costos académicos. Luego, con una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, seguí diferentes cursos en Roma, en la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), alma mater de la diplomacia italiana y europea.
¿Cómo te ayudó tu formación como abogada en la Universidad de Lima para desenvolverte profesionalmente en el extranjero?
Recuerdo que, cuando era joven, en Europa, uno de mis jefes me dijo algo que marcó mi vida: “Rossana, tú eres una de las mejores abogadas que he conocido”. Me dijo que mi formación jurídica era muy sólida y completa, que conocía las instituciones jurídicas en las diversas ramas del derecho. Y, definitivamente, siempre sentí, en los estudios de posgrado y en el trabajo, una ventaja positiva respecto a mi formación jurídica integral. Nuestra educación como abogados en la Universidad de Lima dura seis años, a diferencia de los tres o cuatro años que dura en otros países, y es sumamente exhaustiva. Llevamos varios cursos de derecho: constitucional, civil, penal, tributario, administrativo, internacional, entre otros. Creo que esa sólida base académica me brindó una gran ventaja y oportunidades. Cuando me preguntan dónde me gradué como abogada, siempre respondo con mucho orgullo que en el Perú, en la Universidad de Lima.
