Universidad de Lima

Como se recordará, con fecha 27 de diciembre de 2021 se publicó en El Peruano la Ley 31380, con la cual el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, entre otros, en materia tributaria, fiscal, financiera y económica, por un plazo de 90 días, el cual venció el 27 de marzo de 2022.

Empleando dichas facultades, se aprobó el Decreto Legislativo 1520, publicado el 31 de diciembre de 2021 y vigente desde el 1 de enero de 2022, el cual modificó la regulación de algunos aspectos de los tributos municipales.

El Tribunal Fiscal (TF) peruano, mediante la Resolución 03306-9-2020 (en adelante, la RTF), analiza si una sociedad residente en Chile arrendadora de equipos de telefonía califica como beneficiario efectivo (BE) que tendría derecho a aplicar la tasa límite de retención del 15 % negociada en el artículo 12 del Convenio para evitar la doble imposición (CDI) entre Perú y Chile, o si, por el contrario, se trataría de una sociedad instrumental interpuesta que no tiene derecho de aplicar los beneficios del CDI.

Según Fabiana del Padre Tomé, “la carga consiste en la necesidad de desarrollar cierta actividad para obtener determinado resultado pretendido. Su existencia presupone un derecho subjetivo de actuar, que puede, o no, ser ejercido” (2012, p. 255). Es decir, estamos ante un derecho subjetivo disponible, que es algo distinto de una obligación.

El pasado 7 de octubre fue publicada en el diario oficial El Peruano la Sentencia de Casación 12482-2019-LIMA, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre un caso referido a la interposición de multas por una supuesta infracción vinculada con los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Cabe aclarar que no es materia del presente análisis la naturaleza de los pagos a cuenta, pues nos centraremos en el sentido del fallo y si resulta acorde con los criterios señalados previamente.

La economía mundial es cada vez más global. Los negocios digitales se ofrecen en los distintos países y el Perú no es ajeno a esta tendencia. Los servicios que se consumen todos los días son, por ejemplo, las plataformas Uber, Netflix, Amazon, entre otras.

Como es sabido, las constituciones en el Estado constitucional reconocen con carácter implícito o explícito diversos valores, principios y derechos fundamentales, los que deben ser optimizados por todos los poderes públicos. Ordenar que algo sea optimizado significa que debe ser realizado en la mayor medida posible; es decir, que estos valores, principios y derechos fundamentales son vinculantes para los poderes públicos, los cuales deben orientar sus políticas y generar las condiciones necesarias para su efectiva realización.

En un post anterior, recordábamos qué son las reglas de subcapitalización:

En la enajenación indirecta de acciones, una persona o empresa (“A”), domiciliada o no en el Perú, enajena (transfiere el dominio en forma definitiva y onerosa) las acciones emitidas por una empresa no domiciliada (“B”), la que, a su vez, participa directamente o por intermedio de terceros, en una sociedad peruana (“X”).