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Una de las posibles formas para atraer capitales e inversión extranjera en un contexto de inestabilidad jurídica o de incentivar la inversión de alto riesgo en proyectos a largo plazo y de lenta maduración, cuando las reglas de juego pueden ser variadas en el tiempo, puede ser la del establecimiento de los contratos-ley, figura jurídica diseñada para países cuyas políticas gubernamentales han motivado cambios en su normatividad. Con la suscripción de un contrato-ley se establece una relación contractual que confiere a los inversionistas la seguridad que ofrece el principio de inviolabilidad de los pactos, en el que el Estado se coloca en un plano de igualdad jurídica con su contraparte.
1999, 152 pp.
ISBN 9972-45-078-3