Boletín de la Escuela de Posgrado

China continúa reforzando su posición tecnológica con el avance de modelos de inteligencia artificial de bajo costo que comienzan a competir con sistemas desarrollados por empresas estadounidenses como Anthropic y OpenAI. La startup china Z.ai lanzó GLM-5.2, un modelo casi tan potente como algunos de los sistemas más avanzados de Anthropic, pero considerablemente más barato y de código abierto. Su rápido ingreso entre los modelos más utilizados del mundo refleja cómo China viene acortando la brecha con Estados Unidos, aunque persisten preocupaciones sobre seguridad de datos, vínculos con el gobierno chino y posibles usos indebidos de tecnología estadounidense (The New York Times, 2026).

En el plano energético, China también aparece como una ganadora relativa de la crisis en el estrecho de Ormuz. Aunque la guerra en Irán elevó los precios globales de la energía y afectó cadenas de suministro en Asia, Pekín logró amortiguar parte del impacto gracias a sus reservas de petróleo y gas, su capacidad de administrar exportaciones y subsidios, y su liderazgo en tecnologías limpias como paneles solares, baterías y vehículos eléctricos. Mientras países como India, Japón, Filipinas e Indonesia enfrentan presiones por el encarecimiento de combustibles, fertilizantes, alimentos e insumos industriales, China refuerza su imagen como proveedor estable y competitivo para la manufactura regional (The New York Times, 2026). 

Turquía, por su ubicación entre Medio Oriente, Asia central y Europa, busca capitalizar parte del reordenamiento comercial generado por la guerra en Irán. El cierre del estrecho de Ormuz elevó los volúmenes de carga en puertos turcos, incrementó el tránsito de combustibles por sus oleoductos y reactivó planes ferroviarios y viales para conectar Medio Oriente con Europa. Sin embargo, el conflicto también presionó su inflación, redujo sus reservas internacionales y elevó los riesgos sobre la estabilidad de su política económica, por lo que la oportunidad logística y financiera aún convive con importantes vulnerabilidades internas (The Economist, 2026).

En Japón, la depreciación del yen agrega otro foco de tensión económica para la región. La moneda cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde 1986, y superó la barrera de 162 yenes por dólar, mientras los operadores evalúan hasta qué punto las autoridades japonesas permitirán una mayor caída antes de intervenir en el mercado. Aunque el gobierno ha reiterado que tomará medidas cuando sea necesario, las advertencias verbales no han logrado frenar la depreciación, en un contexto marcado por la expectativa sobre los datos de empleo en Estados Unidos y la percepción de que los ajustes del Banco de Japón avanzan de manera gradual (Bloomberg, 2026).

Europa enfrenta su segunda gran ola de calor en dos meses, luego de que una persistente “cúpula de calor” se desplazará desde el oeste hacia el este del continente. Tras romper récords de temperatura en Reino Unido, Francia y España, el fenómeno mantiene bajo alertas de alto nivel a gran parte de Europa oriental y zonas de la cuenca mediterránea. Países como Polonia, República Checa, Hungría, Austria, Rumania y Alemania registran o prevén temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados Celsius, con riesgos asociados a incendios forestales, tormentas severas y afectaciones a la salud pública (The New York Times, 2026).

Nuevamente, el episodio pone en evidencia la vulnerabilidad europea frente al calor extremo. Según la información reportada, Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, mientras muchas viviendas, escuelas y empresas fueron construidas para un clima anterior y más fresco, lo que dificulta la adaptación a temperaturas cada vez más intensas, prolongadas y frecuentes. En este contexto, las autoridades recomiendan medidas de prevención, como mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, refrescar los hogares y prestar atención a señales de golpe de calor (The New York Times, 2026).

En paralelo, la guerra entre Rusia y Ucrania sigue generando presión sobre Moscú. Ucrania lanzó una nueva ofensiva con drones contra distintas zonas de Rusia, incluida la capital y Crimea, mientras mantiene su campaña contra refinerías e instalaciones de combustible. Las autoridades rusas afirmaron haber derribado 419 drones, en un contexto en el que Kyiv busca afectar la capacidad logística y energética rusa, aumentar la presión sobre Vladimir Putin y acercar los efectos de la guerra a la sociedad rusa (The New York Times, 2026).

Aunque Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego y un periodo de negociaciones de 60 días, los nuevos ataques entre ambos países volvieron a elevar la incertidumbre sobre la seguridad del tránsito marítimo. El tráfico por esta vía, clave para los envíos de petróleo y gas, había alcanzado recientemente su mayor nivel desde el inicio de la guerra, pero volvió a caer durante el fin de semana luego de que varios armadores consideraran demasiado riesgoso atravesarla (The New York Times, 2026).

La recuperación del tránsito marítimo aún es parcial y frágil. Según datos de Kpler, el lunes circularon 40 buques por el estrecho, frente a los 24 del día anterior, aunque todavía lejos de los cerca de 130 barcos que transitaban diariamente antes del conflicto. Además, Irán mantiene su exigencia de que las embarcaciones usen rutas cercanas a su costa y obtengan permisos para ingresar o salir del estrecho, mientras Estados Unidos continúa apoyando el paso de buques por rutas próximas a Omán. En paralelo, la Organización Marítima Internacional mantiene en pausa su plan para evacuar a cientos de embarcaciones varadas a la espera de garantías de seguridad por parte de Irán (The New York Times, 2026).

En el mercado energético, los precios del petróleo han comenzado a moderarse, aunque todavía reflejan la volatilidad generada por el conflicto. El WTI se ubicó alrededor de los US$70 por barril y el Brent en US$72, acumulando una caída semanal de hasta 6,7 %. Sin embargo, los precios aún tendrían que retroceder cerca de US$10 para volver a los niveles previos al conflicto. Desde abril, la tensión entre Irán e Israel y el riesgo de un eventual cierre de Ormuz han sido los principales catalizadores del mercado, lo que llevó al Brent a superar los US$100 e incluso alcanzar picos superiores a US$115 durante los momentos de mayor tensión (Trading Economics, 2026).

Venezuela enfrenta una de sus mayores emergencias recientes tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 1900 fallecidos, más de 10.000 heridos y cerca de 15.900 damnificados. Según estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los sismos afectaron a casi 1,7 millones de edificios y generaron daños directos por US$6700 millones, equivalentes a cerca del 6 % del PBI combinado de los cinco estados más afectados. La emergencia también representa una prueba política para el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que habilitó refugios, coordinó ayuda internacional y enfrentó críticas por la limitada información oficial sobre víctimas y desaparecidos (Bloomberg, 2026).

El impacto económico de los terremotos podría complicar la recuperación de Venezuela. Aunque la industria petrolera no habría sido afectada de manera significativa, los daños en infraestructura y vivienda podrían frenar el avance económico de un país que aún atraviesa dificultades de liquidez. Además, los bonos venezolanos en dólares cayeron en las últimas sesiones, lo cual refleja la preocupación de los inversionistas sobre la capacidad del gobierno para responder a la crisis y sostener la recuperación (Bloomberg, 2026).

En Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella recibirá un sistema energético con desafíos financieros, regulatorios y de abastecimiento que podrían elevar el riesgo de apagón en 2027 si no se adoptan medidas oportunas. Expertos del sector advierten que el próximo gobierno deberá fortalecer la liquidez de los agentes eléctricos, garantizar pagos pendientes, asegurar el suministro de gas natural y acelerar proyectos de generación e infraestructura. El riesgo se vuelve más relevante ante la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño fuerte entre 2026 y 2027, que podría reducir los aportes hídricos a los embalses y obligar a un mayor uso de plantas térmicas (Bloomberg, 2026).

Las demoras en la ejecución de obras de prevención frente a un eventual fenómeno de El Niño mantienen en riesgo a la población, la infraestructura y la actividad agropecuaria. Yuri Armas Peña, presidente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), advirtió que varias intervenciones iniciadas tras El Niño costero de 2017 siguen inconclusas, entre ellas las obras de protección de quebradas y encauzamiento de ríos. Asimismo, pidió priorizar el monitoreo del canal madre de Chavimochic, que abastece de agua potable a más de un millón de habitantes de Trujillo, así como intervenir puentes, cauces, drenes y quebradas antes de que se intensifiquen las lluvias (El Comercio, 2026).

El impacto del fenómeno de El Niño ya se observa en la pesca, donde la captura de la primera temporada de anchoveta es 76 % menor que el promedio de los últimos cinco años, pero sus efectos también podrían extenderse al agro, la generación eléctrica, el transporte y el abastecimiento de combustibles. El evento se mantendría hasta inicios de 2027 y podría afectar especialmente a zonas agrícolas dependientes de lluvias, como Puno, Pasco y Huánuco, donde más del 90 % de la superficie agrícola requiere precipitaciones para el riego (El Comercio, 2026).

El sistema energético también enfrenta riesgos importantes. Más del 50 % de la electricidad del país proviene de centrales hidroeléctricas, por lo que una menor disponibilidad de agua puede reducir la generación y obligar al uso de fuentes más costosas, como ocurrió en 2023, cuando el caudal del río Mantaro cayó 34 % frente a condiciones normales y el precio spot de la energía aumentó hasta 465 % interanual. A ello se suma la vulnerabilidad del abastecimiento de combustibles en el norte del país, donde la capacidad de almacenamiento de GLP es limitada frente a su nivel de consumo (El Comercio, 2026).

Pese a estos riesgos, la ejecución de inversiones en gestión de riesgos y emergencias sigue rezagada. Al cierre de 2025, el 58 % de los proyectos de este rubro se encontraba paralizado o abandonado, equivalente a 2368 proyectos. La situación es más crítica en regiones de la costa y sierra norte, más expuestas a lluvias intensas, mientras los gobiernos regionales y locales concentran el 43 % de los proyectos paralizados o abandonados, lo que evidencia dificultades para ejecutar oportunamente obras de prevención a nivel subnacional (El Comercio, 2026).

El talento joven peruano muestra una creciente disposición a migrar en busca de mejores oportunidades académicas y laborales. Según el Termómetro del Talento de Credicorp, el 61 % de los estudiantes y el 53 % de los egresados considera trabajar o estudiar en otro país en el mediano plazo. Esta intención responde principalmente a la percepción de que las condiciones laborales en el Perú no cumplen con sus expectativas: el 59 % de los egresados y el 62 % de los estudiantes califica su situación laboral como apenas “regular”. Además, aunque el principal motivo para migrar es ganar más dinero, también influyen las oportunidades de crecimiento, la calidad del empleo y la calidad de vida (El Comercio, 2026).

Sin embargo, la migración no necesariamente se percibe como una decisión definitiva. Alrededor de tres de cada cuatro jóvenes que planea irse considera su experiencia como temporal o combinada con el Perú, lo que evidencia que el extranjero aparece como una etapa dentro de su estrategia profesional. En paralelo, las empresas enfrentan el reto de adaptar sus políticas de talento mediante programas de capacitación, reconversión laboral, flexibilidad de horarios y ubicaciones laborales, medidas que ya se aplican frente a la escasez de talento en el país (El Comercio, 2026; ManpowerGroup, 2026).

Este escenario se presenta en un contexto global donde la actualización de habilidades se vuelve cada vez más urgente. De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 59 % de la fuerza laboral mundial necesitará desarrollar nuevas capacidades antes de 2030, lo que impulsa la demanda por programas de especialización de corta duración y conocimientos aplicables de forma inmediata (Gestión, 2026).

A nivel local, las oportunidades laborales también se ven condicionadas por el debilitamiento de la clase media y las limitaciones en la gestión pública. Aunque entre 2004 y 2019 la clase media peruana se duplicó, al pasar de 18,8 % a 38,9 % de la población, en 2025 aún no recuperaba su nivel prepandemia y representaba el 34 %. Esta reducción equivale a casi 909.000 peruanos que salieron de la clase media. A ello se suma que, en la última década, los gobiernos subnacionales ejecutaron en promedio solo el 64 % de su presupuesto de inversión pública y casi la mitad de sus proyectos se encontraba abandonada o paralizada al cierre de 2025, afectando la calidad de servicios como salud, educación y carreteras (Gestión, 2026).

La inversión privada en el Perú acumuló tres trimestres de crecimiento a doble dígito en el primer trimestre, impulsada por un contexto de precios internacionales favorables y por decisiones tomadas cuando las expectativas empresariales se mantenían en terreno optimista. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), en abril, la inversión privada habría crecido por encima del 20 %, un nivel no observado desde 2010 si se excluye el rebote posterior a la pandemia. De mantenerse esta tendencia, el primer semestre marcaría el segundo periodo consecutivo con crecimiento de dos dígitos, algo que no ocurría desde 2012 (Gestión, 2026).

Sin embargo, el escenario comienza a mostrar señales de cautela. Tras la primera vuelta electoral, la confianza empresarial cayó al tramo pesimista por primera vez en 23 meses y se mantuvo en esa zona durante dos meses consecutivos. De acuerdo con un análisis del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los cambios en las expectativas empresariales suelen impactar en la inversión privada con un rezago de dos trimestres, por lo que el deterioro reciente de la confianza podría afectar el dinamismo de la inversión hacia la segunda mitad del año (Gestión, 2026).

El desempeño reciente de la inversión ya ha tenido efectos positivos sobre la economía. En 2025, el empleo formal privado registró su mayor avance en más de una década, excluyendo el rebote pospandemia; mientras que la pobreza se redujo cerca de dos puntos porcentuales y llegó a 25,7 %. No obstante, los avances aún resultan insuficientes, ya que todavía existen alrededor de 2,3 millones más de peruanos en situación de pobreza que en 2019 (Gestión, 2026).

En este contexto, las decisiones del próximo gobierno serán determinantes para sostener o interrumpir el ciclo de recuperación de la inversión privada. Según estimaciones del IPE, sin una mejora en la confianza empresarial, la inversión podría crecer alrededor de tres puntos porcentuales menos de lo previsto este año. Actualmente, el IPE evalúa ajustar su proyección de inversión privada, mientras que el BCRP estima un crecimiento de 9,5 % y el MEF proyecta 5,5 % (Gestión, 2026).