Universidad de Lima

Los trabajos acerca de la baja cobertura del sistema privado de pensiones se han limitado, en la mayor parte de los casos, a establecer cierta correlación entre la informalidad del mercado laboral y los niveles de cobertura provisional. No han abordado, empero, el problema sirviéndose de la puesta en juego de fuentes primarias de información recabadas directamente de los implicados, lo cual ha 

El Derecho local no presenta un estudio actualizado de la familia, una institución natural que sufre el impacto multidisciplinario de lo político, cultural, económico y social. Ello no obstante, la ley continúa presa de una reglamentación tradicional y, debido a ello, la jurisprudencia es conformista, puesto que solo trata los problemas directos y olvida que, como fuente del derecho, debe tender a una conceptualización real.

Una de las innovaciones que ha traído el Código Procesal Civil, vigente desde julio de 1993, es la regulación de la rebeldía y las consecuencias de orden procesal derivadas de ello. Dicha regulación reviste una implicancia muy importante en las garantías constitucionales que el Estado brinda al justiciable, sea a través de las instituciones del debido proceso o mediante la tutela jurisdiccional efectiva.

La presente investigación aborda el problema de la pertinencia de aplicar el régimen tradicional de la responsabilidad médica en intervenciones que carecen de finalidad terapéutica: cirugía plástica estética, operación de conversión sexual, aplicación de procreación asistida, cirugía destinada a prevenir la concepción, entre otros ejemplos.

El problema de la determinación del nexo de causalidad en tanto que uno de los elementos de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones no puede ser resuelto, al ser de naturaleza esencialmente práctica, por una norma jurídica ni, mucho menos, por una definición abstracta o filosófica. En su solución han de intervenir, más bien, el estudio de las singularidades de cada caso y las reglas aportadas por las ciencias naturales y sociales.

El objetivo fundamental de esta investigación es hacer llegar a los operadores del derecho, y no solo a los que se han especializado en el derecho de las tecnologías de la información y comunicaciones, el conocimiento de las peculiaridades de los denominados contratos informáticos nominados e innominados.

La finalidad de este proyecto es exponer una teoría contemporánea del matrimonio y las uniones estables que coadyuve a una reformulación de los criterios jurisprudenciales y de la normativa hoy en día vigente. Infructuosamente, mucha de la misma es inaplicable, pues no se condice con los nuevos lineamientos de las entidades familiares modernas, por lo que resulta urgente un enfoque normativo que recoja los requerimientos, necesidades y exigencias de estas prácticas.

Los países andinos adoptaron en 1969 la integración económica como un modelo de desarrollo, inspirados en el modelo europeo, con el objetivo de lograr el desarrollo económico. Para ello, se articularon una serie de mecanismos jurídicos y se crearon diversas instituciones. Si algo ha caracterizado a la experiencia andina de integración es haber copiado prácticamente todo el esquema de integración europeo de los primeros veinte años. Sin embargo, los resultados luego de cuarenta años han sido diametralmente opuestos.

Las redes sociales son plataformas digitales que permiten a los usuarios generar perfiles públicos, así como circular contenidos e información en la red. Esta investigación se centra en los problemas y mecanismos de seguridad que ofrecen estas redes para la protección de identidad e intimidad de los usuarios con el fin de proponer una legislación apropiada. Dado el grado creciente de penetración de internet en el país, estas redes constituyen un importante fenómeno sociológico, tecnológico y jurídico para la sociedad.

Se busca identificar, a modo de fuente material, el proceso que da cuenta del fenómeno actual de los negocios ambientales tanto en nuestro país como fuera de él. Se construirá, para ello, un marco teórico que explique los negocios ambientales y la gestión ambiental empresarial, así como la relación entre el Derecho Ambiental y los negocios.

El proyecto busca generar conocimiento sobre el asunto de la responsabilidad administrativa derivada de daños al consumidor de servicios de infraestructura de transporte.

Se plantea como una herramienta jurídica y académica de interpretación y análisis de los límites al poder tributario consagrados en la Constitución. Aun cuando existen parámetros para su ejercicio, muchos de estos límites, por su naturaleza, son abstractos, indeterminados y de no fácil aplicación, por lo que se requiere del Tribunal Constitucional para que delimite sus alcances y establezca un criterio unificado para su aplicación.

Si bien el Código de los Niños y Adolescentes del Perú (1992) reconoció un sistema garantista para los adolescentes infractores de la ley penal y la incorporación de las medidas socioeducativas como mecanismos de sanción para su posterior reincorporación en la sociedad, esta medida programática de control social para los menores de edad no ha sido suficiente y solo debe ser entendida como un primer paso para la prevención en materia de seguridad ciudadana.

Esta investigación analiza los distintos regímenes del empleo público civil, tanto en lo jurídico como en lo económico y social, ponderando las ventajas y desventajas para el país de cada uno de ellos, y concluye con una propuesta normativa de reforma integral que sirva como base para cualquier proceso de reforma del Estado. Así, pretende proponer un régimen jurídico que pueda armonizar lo existente con las necesidades del país, los requerimientos de la caja fiscal y las expectativas que puedan tener las personas que actualmente laboran para el Estado.

La investigación que se propone se ubica en el amplio campo de la responsabilidad civil médica, que constituye una línea de investigación que merece ser desarrollada en el contexto del derecho peruano. En esta ocasión, se propone el análisis de un conjunto de sentencias emitidas por los jueces peruanos donde se pronuncian sobre la denominada negligencia médica en que pueden incurrir uno o más médicos o la propia entidad de salud.

Veinte años después del último gran proceso de reforma del Estado acometido en el Perú, la sociedad viene reclamando cambios cada vez más sustantivos. Sin embargo, estos se encuentran limitados tanto por prescripciones constitucionales como por una gran cantidad de disposiciones, referidas a política interna, incorporadas a los tratados de libre comercio suscritos en la década pasada. La década que comienza viene marcada por una demanda social cada vez más fuerte respecto a redefinir el rol que le toca desarrollar al Estado en la vida diaria de los ciudadanos.

La acefalía de la persona jurídica se da ante la culminación de la vigencia de las atribuciones de representación de los consejos directivos o directorios, lo que genera una problemática al interior del ente colectivo y frente a terceros. En los entes no lucrativos se presenta una gran cantidad de inconvenientes como consecuencia de una incompleta regulación ante la extinción de la vigencia de los representantes, lo que requiere una respuesta legal. El último “Reglamento de inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias” intentó resolver la situación.

Con la irrupción del “Código de protección y defensa del consumidor”, Ley N.° 29571, del 01.09.10, ha surgido una serie de problemas a propósito de la interpretación sistemática y armoniosa de sus disposiciones con las del “Código civil” y leyes especiales, como la Ley N.° 29461, que regula el servicio de estacionamiento vehicular, del 27.11.09. Este nuevo Código ha introducido, incluso, nuevas categorías, como la del “consumidor equiparado”. Ello ha originado una situación que ha sido calificada magistralmente por Erik Jayme como un “diálogo de fuentes”.

El Poder Judicial peruano ha fallado crónicamente en su misión de proveer justicia a los ciudadanos, lo que ha justificado sucesivos e infructuosos procesos de reforma judicial. Frente a ello, los académicos se han centrado en el análisis del marco normativo, sobre cuya base han esbozado diversas teorías para explicar los fracasos y proponer soluciones. Pocos se han enfocado en los jueces supremos como factor clave para el mejoramiento de la judicatura.

Los tratadistas jurídicos de nuestro medio optan por hacer uso casi exclusivo del método exegético para acercarse a la realidad jurídica (esto es, únicamente desentrañan el sentido o significado de una norma, teniendo en cuenta en el mejor de los casos los antecedentes normativos y las concordancias). Sin embargo, esta forma de entender el derecho no permite una vinculación con la aplicación y la vigencia de esta en la sociedad, es decir, en la vida real, puesto que esta en modo alguno es una mera imagen o espejo de la norma.

La Gestión Pública consiste en brindar bienes y servicios que permitan resolver los problemas de la ciudadanía, a partir de una gestión pública moderna basada en criterios de simplicidad, calidad, mejoramiento continuo, análisis costo-beneficio, participación ciudadana, entre otros. Sin embargo, hoy en día no prima este criterio en el sector público, toda vez que se dan trámites engorrosos, colas largas, ambientes pésimamente acondicionados, burocracia, corrupción, baja calidad de los servicios públicos, legislación profusa.

Si bien el Código de los Niños y Adolescentes del Perú (1992) reconoció un sistema garantista para los adolescentes infractores de la ley penal y la incorporación de las medidas socioeducativas como mecanismos de sanción para su posterior reincorporación en la sociedad, esta medida programática de control social para los menores de edad no ha sido suficiente y solo debe ser entendida como un primer paso para la prevención en materia de seguridad ciudadana.

La investigación propone un análisis de la actual estructura y procesos de la administración tributaria central y de los resultados obtenidos en los últimos 20 años, impugnando la vigencia del modelo actual y su capacidad para generar, razonablemente, no solo un incremento en la presión tributaria, sino también el desarrollo de una cultura tributaria en Perú.

El Estado ha iniciado una serie de denuncias penales por delitos de corrupción. El común denominador de las mismas, así como de los dictámenes fiscales y las sentencias es la carencia de fundamentación jurídica de la reparación civil en agravio del Estado. Ello redunda en el hecho que no se otorguen indemnizaciones o estas sean ínfimas (por no decir risibles), lo cual genera un incentivo perverso para seguir delinquiendo.

La exclusión produce desigualdades. Un grupo social puede participar en ciertas instancias del proceso social y ser excluido de otras. El grado de desigualdad se mide en función de la importancia relativa de las instancias de las que es excluido, pues no todas poseen la misma relevancia.