Universidad de Lima

La configuración actual de las transferencias a los gobiernos regionales que representan el 85 % de sus ingresos (incluyendo los recursos denominados presupuestalmente como “determinados” que son recursos destinados), muestran una dependencia de recursos extraordinarios, asimetría regional de recursos, elevada discrecionalidad del gobierno central, insuficiencia de esfuerzo fiscal e ineficiente asignación de recursos.

La estructura y normativa actual, a pesar de la doctrina nacional y propuestas legislativas realizadas por esta, no se ajustan a los cambios sucedidos en las relaciones sociales del mundo moderno. Nuestra normatividad no regula de manera eficiente las relaciones entre las personas y las cosas no adecuándose a los fenómenos que en la práctica se presentan como el boom inmobiliario, sin dar solución a los problemas actuales, como por ejemplo, los que suscita la informalidad. Se requiere proponer modificaciones a fin de actualizar y modernizar nuestro ordenamiento jurídico.

Esta investigación pretende evaluar si la administración de justicia cumple y respeta los nuevos lineamientos de la doctrina de la protección integral consagrada en instrumentos internacionales jurídicos vinculantes, o si mantiene rezagos de la denominada doctrina de la situación irregular. Ello servirá para determinar las modificaciones institucionales, formativas y normativas necesarias.

Ante la inminente culminación de la pena impuesta a los sentenciados por terrorismo durante la década de 1990, surgen diversos problemas para el análisis, pero con una línea transversal que los conecta ¿cómo debemos tratar esta situación como sociedad respetuosa de los derechos individuales y del marco constitucional sin comprometer nuestra seguridad? ¿Es claro cuál es el sentido de la pena en la actualidad? ¿Las teorías que sustentan la figura del Estado constitucional de derecho pueden responder a este problema?

El sistema jurídico peruano protege y facilita el pedido de los ciudadanos y de los medios de comunicación para el acceso a la información pública. Existe una norma que facilita el procedimiento de pedido y entrega de información, creando un vínculo entre la administración pública y el ciudadano. Esta norma ha probado ser una muy bien diseñada y reconocida por otros sistemas jurídicos como un ejemplo a seguir. Irónicamente, en la práctica, ha demostrado no ser eficaz para el cumplimiento de su fin y en la gestión/aplicación que le dan los funcionarios públicos.

A diferencia de otros países, en el Perú no existe una regulación normativa sobre las técnicas de reproducción humana asistida, a pesar de que estas sí se realizan de manera permanente en centros particulares especializados. El avance de la ciencia y la tecnología médicas ha permitido que aquellas parejas casadas o no casadas que desean tener descendencia biológica acudan a estas clínicas especializadas para someterse a alguna de las técnicas de reproducción humana asistida (Teras).

Si bien, como dice la doctrina tradicional, la persona al morir deja de ser sujeto de derecho para convertirse en objeto de derecho, existen casos que plantean revisar lo enunciado, como por ejemplo determinar si la persona fallecida tiene derecho al honor, la intimidad, la imagen, la crioconservación, etcétera. Por otro lado, cabe preguntarse hasta qué punto debe respetarse o no la voluntad del difunto tratándose de la disposición de su cuerpo, cuál es el tratamiento que merece el concebido fallecido antes de nacer, cómo debe responder el derecho a los usos atípicos del cadáver.

El Sistema Nacional de Control no solo no sirve para mejorar la calidad de la gestión pública, sino que es el gran escollo para que ésta mejore. La corrupción se ha enquistado en prácticamente todos los sectores de actuación del Estado y para poder enfrentarla se necesita de conocimiento y experiencia en el manejo del aparato público. Ninguno de estos es requisito para trabajar en los órganos del Sistema Nacional de Control. 

La estructura y normativa actual, a pesar de la doctrina nacional y propuestas legislativas realizadas por esta, no se ajustan a los cambios sucedidos en las relaciones sociales del mundo moderno. Nuestra normatividad no regula de manera eficiente las relaciones entre las personas y las cosas no adecuándose a los fenómenos que en la práctica se presentan como el boom inmobiliario, sin dar solución a los problemas actuales, como por ejemplo, los que suscita la informalidad. Se requiere proponer modificaciones a fin de actualizar y modernizar nuestro ordenamiento jurídico. 

La voluntad imperfecta o los vicios que se producen en la formación de la voluntad de las partes que conciertan un contrato civil o empresarial encuentran diversas formas de interpretación en la regulación civil. Sin embargo, el tráfico económico y comercial contemporáneo ha generado nuevas formas de voluntad imperfecta como las ventas agresivas, el derecho de arrepentimiento en el Código de consumo, los métodos comerciales coercitivos, la distorsión en el mercado referido al abuso de la posición de dominio o el abuso de dependencia económica.