21 de Diciembre de 2015

Ejecución de obras públicas: nueva normativa para la expropiación

El ciclo de Desayunos Empresariales del 2015 culminó con mucho éxito este 17 de diciembre con la exposición “Nuevo régimen jurídico aplicable a procesos de adquisición y expropiación de inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura”. La conferencia, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, estuvo a cargo de Desirée Orsini, docente de la Maestría en Derecho Empresarial Ulima.

Este tema es de gran importancia ya que el gobierno viene impulsando normas que buscan hacer más expeditos los procesos de expropiación de predios para obras públicas. Es más, en los últimos años se han adoptado nuevas formas de ejecución de obras como las asociaciones público-privadas (APP) y las concesiones. La profesora Orsini considera que estas medidas deben adoptarse inmediatamente, pues están paralizadas 550 obras que representan 20.000 millones en proyectos de infraestructura pública.

La especialista explicó que la normativa actual, que delimita la acción de la expropiación solo para temas de seguridad nacional e interés público, le permite al Estado o a su concesionario negociar directamente con los propietarios de predios ubicados en el lugar de la obra —si el predio fuera de una gobernanza regional o local, este se entrega de inmediato—. No obstante, esta negociación está limitada al valor de tasación, que en algunos casos está por debajo del valor comercial. Esto hace que muchos propietarios rechacen la negociación y es entonces que se inicia la expropiación. En ese momento, el Estado tiene 60 meses para implementar la norma. De no concretarse, puede volver a emitir una norma autorizando la expropiación del mismo predio. Orsini agregó que hoy en día el pago por la expropiación de un predio debe hacerse de forma anticipada y en efectivo, lo que evita problemas como los de los bonos agrarios de la reforma agraria.

A pesar de esta mejora en la normativa, Orsini dijo que no está funcionando como debería. Por ejemplo, mencionó que existe una gran cantidad de predios que no están en registros públicos, lo que dificulta su expropiación —aunque precisó que, aunque engorrosos, sí existen procesos para lidiar con estos casos—; también es perjudicial que otras normas no estén a la par de este nuevo régimen, lo que da lugar a que muchos propietarios se nieguen a entregar sus predios con el respaldo de los jueces, pues incluso muchos abogados consideran que ciertos aspectos de las normas de expropiación son inconstitucionales.

Para culminar, Orsini citó dos casos actuales y emblemáticos. El primero, el de la segunda pista de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuyos predios deben ser entregados hasta el 31 de diciembre. Es logísticamente imposible que esto suceda, anticipó, pues el concesionario encontró un ducto de gas que abastece a la refinería de La Pampilla donde estaba previsto construir un puente. El concesionario, entonces, discute si el Estado realmente cumplió cuando le entregó el predio listo para ser expropiado. Por otro lado, está el caso de la línea 2 del Metro de Lima. La expositora recordó que no se han considerado normas de expropiación económica indirecta, es decir: “¿Qué pasaría si por mi predio no pasa la línea del metro, pero de pronto se volvió inaccesible?”. Esto, que estaba considerado en normativa anterior, ya no se toma en cuenta, a pesar de que puede ser perjudicial para personas que no tengan predios expropiados.

Desirée Orsini, además de ser docente en la Maestría en Derecho Empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, es magíster en Derecho Bancario y Financiero de la Universidad de Boston y abogada graduada de la Albert-Ludwigs-Universität de Friburgo. Es miembro de la barra de Nueva York y socia del Estudio Daly, Otero, Flórez & Núñez del Prado Abogados. También fue miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi y gerente legal de LAN Perú y de Trans American Airlines - Taca Perú. Además, fue seleccionada en el 2014 entre los Corporate Counsel 100 Latinoamérica de The Legal 500.