Desde el año 2001 está abierto en el Perú el debate sobre qué hacer con la televisión. Como era sospechado por algunos y ha sido ahora comprobado por todos a través de los tristemente célebres “vladivideos”, los empresarios de la televisión peruana convirtieron -a cambio de dinero y de favores- este “servicio privado de interés público”, cuya autorización y licencia les fue otorgada por el Estado, en un servicio “particularísimo” de Vladimiro Montesinos Torres, el asesor actualmente preso, quien lo utilizó con el fin de perpetuar en el poder a Alberto Fujimori Fujimori, el presidente prófugo.

A la luz de estos hechos, sin parangón en la historia de la televisión mundial, al menos durante gobiernos formalmente democráticos, se ha desatado una intensa polémica jurídica, que incluye entre otras cuestiones la pregunta de si el Ministerio a cargo de la supervisión del servicio de televisión tiene facultades administrativas para revocar las autorizaciones de las empresas operadoras, como consecuencia de lo que hicieron algunos de sus propietarios y representantes legales. Al respecto hay que señalar que aunque las encuestas revelan que casi la totalidad del país pide una sanción contra las titulares de las licencias, las autoridades aún continúan estudiando si van a optar por apagar la señal de los principales canales de entretenimiento de la población, pues ello constituiría un hecho sin precedentes en nuestra historia.

En medio de este ardoroso debate, casi exclusivamente limitado a revisar la responsabilidad legal de los empresarios y de las empresas, poco se ha examinado la cuestión referente al comportamiento de los periodistas de la televisión. Este punto, sin embargo, me parece trascendental, puesto que el acuerdo de “sujeción” al que llegaron los empresarios de dicho medio con el mentado funcionario gubernamental, sólo pudo ejecutarse a través de la acción concreta de periodistas, presentadores, productores, animadores y artistas que actuaron como sus instrumentos. Los comunicadores que se prestaron a ello, por acción o por omisión, pusieron sus talentos, habilidades y conocimientos al servicio de los fines ilícitos del gobierno defenestrado.

Transcurridos varios meses desde el fin de esa vergonzosa etapa, algunos de estos periodistas y artistas han reconocido públicamente que actuaron mal, pero que lo hicieron sin darse cuenta de que eran utilizados por el gobierno mafioso. Otros se niegan a aceptar el mal de lo que hicieron y continúan defendiendo que siempre cumplieron sus deberes y que tienen su conciencia tranquila. Finalmente, otros más siguen reclamando que se muestren pruebas, que se den los nombres concretos de los que procedieron ilícita o antiéticamente. Aunque no se ha probado todavía que algunos periodistas y presentadores de televisión recibieran ventajas directas y económicas por su colaboración profesional, es obvio que se mantuvieron trabajando con entusiasmo, o con ceguera, para medios que se alinearon con la propaganda oficial y contra el orden jurídico. Las observaciones recogidas por los representantes de organismos nacionales e internacionales y por el mismo “hombre de la calle”, son abundantes e irrefutables. Es por eso que el público ha manifestado su condena y repudio a estos periodistas y comunicadores.

Por otro lado, al menos una buena parte de la población considera que en la televisión continúa el problema fundamental, pues las principales empresas cuyos propietarios fueron registrados recibiendo fajos y maletines de dinero o promesas de favores de Montesinos, no han dejado de operar los canales y frecuencias. Tampoco han sido cambiados los periodistas y artistas que han sido acusados, o que han confesado haber sido colaboracionistas. Y, obviamente, la orientación de la programación por televisión, no obstante el maquillaje recibido, continúa siendo básicamente la misma a la vista de cualquier observador prevenido: crítica continua al nuevo orden jurídico que se busca trabajosamente reconstruir, minimización o ignorancia de los delitos cometidos en el fujimorato, exposición exarcebada y de aliento solapado a los desórdenes y protestas callejeras, vulgaridad y vedetismo campeante dirigido a los sectores populares y muchos etcéteras más.

La caracterización de este escenario mediático no es sorprendente en un país donde estudiosos de las más diversas especialidades afirman, ahora sí sin ambages, que nos encontramos indudablemente inmersos en un estado de anomia moral y legal. Es decir, no estamos de acuerdo sobre lo que está bien o mal. El bien y el mal, lo lícito y lo ilícito no son distinguibles fácilmente por la mayor parte de personas. Ambos universos valorativos han trocado posiciones en un gran número de conciencias, sin que los peruanos ni siquiera lo adviertan. Aunque seguimos siendo productores de abundantes normas legales y deontológicas, y casi sobre cualquier materia, la mayor parte de ellas tienen escasa influencia sobre la vida cotidiana de grandes sectores de la población.

Las notas que siguen intentan llevar la reflexión y el análisis sobre la corrupción de la televisión peruana, al terreno poco transitado de los códigos deontológicos de los periodistas. Con este propósito, nos detendremos a examinar los principios que nos ofrece la Declaración de Chapultepec de 1994, que es un conjunto de postulados generados en la Sociedad Interamericana de Prensa y a los cuales dicha institución constantemente invita a adherirse a los diferentes representantes de los Estados. En el caso concreto del Perú, el Presidente Valentín Paniagua la suscribió en Lima el año 2001 y el Presidente Alejandro Toledo lo ha hecho en enero del 2002, en su gira a Bolivia.

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